La designación de altas autoridades es uno de los procesos más importantes para la justicia. De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser oído por autoridades competentes, independientes e imparciales para la determinación de sus derechos. Así lo establece el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales recogen el principio de independencia judicial.